Las iglesias de Sudán, intervenidas e investigadas

Dos iglesias de Sudán han sido tomadas por grupos no identificados que han presentado una denuncia contra un líder eclesiástico.

Durante los últimos meses, se han producido varios incidentes por la inferencia en los asuntos eclesiales por parte de comités ilegítimos.

Las iglesias de Sudán, de trasfondo musulmán, se encargan de sus propios asuntos a través de comités nombrados por la iglesia. Sin embargo, el 27 de diciembre, la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán en la ciudad de Kosti, en el sur del estado del Nilo Blanco, fue irrumpida por un grupo externo. Los intrusos cambiaron las cerraduras, prohibiendo la entrada al edificio.

El intento de presentar una denuncia ante la policía fue inútil, informó CSW. Los funcionarios decidieron no investigar porque consideraban a los autores como representantes legales de la iglesia.

Alrededor de la misma época, otro grupo no afiliado a una iglesia, que intentaba vender propiedades de la misma en Kadugli, estado de Kordofán del Sur, presentó una denuncia contra el pastor cuando éste se opuso a sus planes. Ahora se enfrenta a cargos penales.

La injerencia de las autoridades en los asuntos eclesiásticos era habitual bajo el anterior presidente de Sudán, Omar al-Bashir. El anterior presidente utilizaba los comités ilegítimos para controlar las iglesias y restringir la libertad religiosa de los cristianos.

Aunque existía la esperanza de que la situación cambiara tras el golpe de Estado de 2019 que derrocó a Bashir y lo sustituyó por un gobierno de transición, los cambios fueron lentos y quienes intentaban solucionar las injusticias se enfrentaron a una feroz oposición.

En julio, un asesor cristiano del ministro de Asuntos Religiosos de Sudán fue atacado porque había manifestado la necesidad de que el gobierno abordara los problemas derivados de las propiedades eclesiásticas confiscadas, los falsos comités eclesiásticos y el control de los bienes de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán.

Mientras tanto, la situación económica y de seguridad se ha deteriorado considerablemente tras el golpe militar del 25 de octubre, que puso fin al régimen mixto militar-civil. Los manifestantes salen a la calle a diario, exigiendo el regreso del gobierno civil; las fuerzas de seguridad suelen responder con violencia. Las frustraciones también se han visto alimentadas por la amenaza de un fuerte aumento de los precios de la energía en medio de una crisis económica con una inflación del 400%.

El 24 de enero, un juez reincorporó a un grupo de diplomáticos y administradores que habían servido en la administración de Bashir y que habían sido despedidos como parte de una purga anticorrupción del anterior gobierno.