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A principios de año, Braulio y Regina comenzaron a asistir a una iglesia evangélica local. No pasó mucho tiempo hasta que ambos se dieron cuenta de que escoger seguir a Cristo era un acto de valentía, ya que, desde ese momento, los líderes locales comenzaron a acosarlos sin cesar.
Hace unas semanas, las autoridades locales escogieron a Braulio como uno de los delegados de la ciudad para el próximo año. Sin embargo, cuando supieron que profesaba una nueva fe, lo convocaron ante la Asamblea para destituirlo. Además, también amenazaron con cortarle los suministros de luz y agua de su casa y con expulsarlo a él y a su familia del pueblo.
El 1 de diciembre, las autoridades convocaron a Braulio a otra audiencia, esta vez en Ixcatlán, un lugar cercano. Querían interrogarle sobre su fe religiosa. Braulio defendió su derecho a elegir libremente su fe y a negarse a participar en otras creencias religiosas. La audiencia terminó sin que se impusiera ninguna sanción a Braulio y su esposa, pero las amenazas de expulsión y el corte de los servicios básicos continúan.
Así, sus nombres ya no están en el registro local. Ya no tienen asistencia pública; tampoco acceso a la atención médica, a la escolarización de sus hijos o el derecho a usar el cementerio local para los entierros.
