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El país africano ha estado abogando durante años para ser eliminado de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de patrocinadores estatales del terrorismo, lo que ha obstaculizado su inversión y crecimiento económico, según apuntan funcionarios sudaneses. Estados Unidos situó a Sudán en la lista en 1993 por brindar apoyo técnico y financiero a Al-Qaeda y Osama Bin Laden.
Las relaciones entre Sudán y Estados Unidos han mejorado desde la destitución del expresidente Omar al-Bashir, en abril del año pasado.
Sin embargo, Puertas Abiertas y otros grupos han instado al gobierno de Estados Unidos a no normalizar completamente las relaciones con Sudán, salvo que vincule cualquier alivio de las sanciones a las reformas fundamentales de derechos humanos.
Durante años, Sudán ha estado en el top 10 de la Lista Mundial de Vigilancia de Puertas Abiertas 2020 de los 50 países donde es más difícil vivir como cristiano. Sin embargo, el nuevo gobierno de transición ha estado revirtiendo políticas que violaban la libertad religiosa y otros derechos humanos bajo el gobierno de 30 años de al-Bashir.
En los últimos meses, el gobierno de transición anunció que, entre otras cosas, establecería una comisión para abordar las violaciones de la libertad religiosa en el país, para derogar la ley de apostasía y eliminar al Islam como su religión estatal. Un tribunal absolvió a ocho líderes de iglesias cristianas y los presuntos atacantes de una iglesia fueron juzgados, y cuatro iglesias en el estado de Gezira recibieron terrenos para construir edificios.
Puertas Abiertas dijo que elogia a Sudán por cómo ha abordado muchas de las limitaciones a la libertad de religión o creencias. Sin embargo, la organización sigue preocupada por asuntos que siguen sin resolverse, dijo Jo Newhouse, portavoz de la organización en África subsahariana.
Los temas sobresalientes incluyen la interferencia del gobierno en asuntos de la iglesia y una disposición constitucional persistente que somete el culto de la iglesia y las actividades relacionadas a los “requisitos de la ley y el orden público”. Ese es un estándar bastante amplio que con frecuencia se abusaba para legitimar los abusos del gobierno, dijo Newhouse. En cambio, dijo Newhouse, el gobierno debería limitar su jurisdicción sobre los asuntos de la iglesia a asuntos de seguridad pública y protección de los derechos fundamentales.
“La eliminación de Sudán de la lista le ha robado al gobierno de Estados Unidos la influencia hacia los cambios fundamentales que se están implementando”, dijo Newhouse. “Hacemos un llamado a los Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional para que continúen involucrando a Sudán en estos asuntos para garantizar la libertad para todos”.
