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«Un sistema construido sobre la brutalidad y el derramamiento de sangre no sobrevivirá», dijo Volkan Bozkir, presidente de la 75ª sesión de la Asamblea General, en un comunicado. «No es demasiado tarde para que los militares cambien la negativa trayectoria sobre el terreno, ejerzan la moderación y respeten la voluntad de su propio pueblo».
Myanmar se sumió en una crisis tras el golpe de estado del 1 de febrero. Cuando los ciudadanos de todo el país salieron a la calle a protestar, las fuerzas de seguridad respondieron con violencia. Hasta ahora, al menos 870 personas han sido asesinadas en las zonas urbanas y más de 5.000 han sido detenidas.
La resolución de la ONU, apoyada por 119 estados miembros, insta a los militares a «poner fin inmediatamente a toda la violencia contra los manifestantes pacíficos» y a levantar las restricciones a Internet y las redes sociales, según Reuters. También se pide a los Estados miembros de la ONU que detengan el flujo de armas hacia el país.
«El riesgo de una guerra civil a gran escala es real», declaró la enviada especial de la ONU para Myanmar, Christine Schraner Burgener, tras la adopción de la resolución. «El tiempo es esencial. La oportunidad de revertir la toma de posesión militar se está reduciendo».
Situación de la iglesia
El Papa Francisco sumó el domingo su voz a la de los obispos católicos asiáticos que la semana pasada «[llamaron] la atención del mundo entero sobre la desgarradora experiencia de miles de personas en ese país que están desplazadas y mueren de hambre» [Religion News].
Pidió corredores humanitarios para que los que huyen encuentren seguridad y dijo que «las iglesias, pagodas, monasterios, mezquitas y templos, al igual que las escuelas y los hospitales, deben ser respetados como lugares neutrales de refugio».
Las iglesias y los templos han sido asaltados debido a actividades que los militares consideran ilegales, como el refugio de activistas antigolpistas; la sangrienta represión en curso ha dejado a las minorías religiosas étnicas aún más vulnerables.
A principios de este mes, Puertas Abiertas y otras 25 organizaciones de defensa de la libertad religiosa publicaron una declaración en la que expresaban su preocupación por la opresión de las minorías religiosas del país.
«No menos de 100.000 personas - entre las que se encuentran los Kachin y los Karenni, mayoritariamente cristianos, muchos cristianos entre los Karen, así como los Shan y otros - residen en campos para desplazados internos», afirmó la coalición.
«Durante décadas, el régimen militar ha convertido en armas la religión, el nacionalismo religioso y la identidad religiosa, persiguiendo a las minorías étnicas y religiosas de forma similar», afirma.
