Está desconectado. Se trata de una versión de solo lectura de la página.
La condena de Hamid Soudad, de 42 años, padre de cuatro hijos, por cargos de blasfemia contraviene el derecho internacional, y la sentencia no se ajusta a los veredictos anteriores dictados por los tribunales argelinos en casos similares, afirman las 14 ONG en su carta a Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Soudad, padre de cuatro hijos de Orán, en el noroeste de Argelia, fue detenido y acusado de «insultar al Profeta del Islam» en enero. Los cargos estaban relacionados con una publicación de hace tres años en Facebook en la que había compartido una caricatura del Profeta.
Un día después, en un juicio en el que no estuvo presente su abogado, un tribunal lo declaró culpable de blasfemia y le impuso la pena máxima de cinco años de prisión. Un tribunal de apelación confirmó la sentencia y Soudad ha llevado ahora su caso al Tribunal Supremo, donde pueden pasar años hasta que se celebre una vista.
«Los cargos y la sentencia no tienen ninguna relación con el post 'blasfemo'. Eso se hizo en 2018 y sin ninguna consecuencia», dijo Michael Bosch, analista de persecución de Puertas Abiertas. «Solo en enero las autoridades decidieron acusarlo. En otras palabras: buscaban un motivo para presionar a la comunidad cristiana y lo encontraron».
«El hecho de que el veredicto sea desproporcionado con respecto a las sentencias por otros delitos indica que las autoridades quieren castigar indirectamente al Sr. Soudad por su conversión, algo que no es ilegal en Argelia», dijo Bosch.
Ordenanza 06-03
Las ONG pidieron a la relatora especial que instara al gobierno argelino a liberar inmediatamente a Soudad y a garantizar que su legislación se ajusta al derecho internacional, en parte mediante la abolición de las leyes sobre la blasfemia y la Ordenanza 06-03, una ley que regula las actividades de las confesiones religiosas distintas del Islam.
Desde la entrada en vigor de la ley de 2006, el gobierno no ha registrado ninguna nueva iglesia protestante, por lo que los cristianos se ven obligados a reunirse en lugares no aprobados por el gobierno, arriesgándose a ser procesados. La ley también se ha utilizado para cerrar al menos 13 iglesias protestantes desde 2017, según el informe de país de Puertas Abiertas.
En diciembre, otros tres relatores especiales de la ONU ya expresaron al gobierno de Argelia su preocupación por la situación de la minoría cristiana protestante.
