El estado de Soraya es una incógnita desde principios del 2019, cuando los líderes de su tribu la retuvieron en su comunidad, escondida en las montañas de la zona y aislándola así de toda comunicación con el exterior.  La joven que se negaba a un matrimonio que los líderes tribales de su comunidad habían concertado, expresó en repetidas ocasiones su preocupación por este tema, pero en ningún momento pensó que sería detenida la fuerza y mucho menos que fuera su propia familia.

A mediados de 2017, Soraya y otro joven, fueron convocados obligatoriamente a una audiencia ante sus autoridades indígenas tradicionales para que renunciaran a su fe cristiana en público. De esta manera serían aceptados por la comunidad y evitarían las amenazas y el acoso contra ellos y sus familias. A pesar de las amenazas, los niños y sus padres tomaron la arriesgada decisión de ignorar las imposiciones de los hechiceros tradicionales y así continuar con la formación espiritual y académica que reciben en una de la casa-refugio que tiene Puertas Abiertas en la zona.

Soraya forma parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona de alto riesgo para los cristianos. Allí, en 2016, unos 20 cristianos indígenas fueron privados de libertad y torturados. Durante breves períodos, fueron detenidos, privados de libertad y torturados emocional y físicamente. Esta zona es uno de los centros espirituales y políticos de la cultura tradicional arhuaca, por lo que los habitantes cristianos del lugar se ven obligados a vivir su fe en absoluto secreto. En estas comunidades indígenas se dan muchos casos en los que los únicos creyentes de la familia son los hijos, provocando que los principales perseguidores sean su propia familia.

Uno de los mayores problemas de la persecución indígena de los cristianos reside en el marco legal legítimo que apoya y alienta el comportamiento violento y discriminatorio de las comunidades indígenas tradicionales. Esto puede verse en el derecho a la autonomía indígena concedido en la Constitución de 1991 y ampliado en la ley de 1995 y su Convenio 169, que declara la autonomía e independencia total de los pueblos indígenas en la creación y gestión de sus políticas en materia de salud, economía, derecho territorial y educación. Las autoridades indígenas exigen la presencia de niños indígenas cristianos dentro de la comunidad para capacitarlos en la mística, la brujería y el odio a los cristianos; asimismo, los obligan a casarse con no creyentes a fin de cumplir con las tradiciones indígenas y erradicar la fe cristiana de sus territorios.