La represión de las instalaciones católicas se produjo después de la publicación de una carta pastoral emitida el 29 de abril por los cuatro obispos del país en la que se pedía un diálogo genuino sobre paz y reconciliación en Eritrea para facilitar la adopción de un verdadero plan integral de reconciliación y la aplicación de reformas para que los eritreos dejaran de huir de su país. Sin embargo, el gobierno niega que los cierres estén asociados con esta carta, diciendo que en cambio están en línea con las regulaciones introducidas en 1995 que limitan a las instituciones religiosas de involucrarse en cosas como escuelas, hospitales, agricultura y ayuda a los ancianos.

La gravedad de la situación ha llegado hasta la esfera política internacional. La nueva Relatora (experta independiente en el asunto) de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, Daniela Kravetz, declaró que recibió información de que en algunos casos, durante los cierres, los soldados fueron comandados a permanecer en la puerta de los centros de salud católicos, se ordenó a los pacientes que se fueran a sus casas, y el personal de salud fue amenazado.

"La clausura de estas instalaciones sanitarias tendrá un impacto negativo en el derecho a la salud de las poblaciones afectadas, en particular de las que viven en zonas rurales remotas. Al restringir las actividades de la Iglesia Católica, las autoridades eritreas están restringiendo el derecho de sus ciudadanos a disfrutar de una atención sanitaria de calidad", comenta Kravetz.

Esta situación se suma a otros incidentes como el arresto de cinco sacerdotes ortodoxos del monasterio de Debre Bizem. Los sacerdotes de más de 70 años fueron arrestados por oponerse a la interferencia del gobierno en los asuntos de la Iglesia. No solo esto, sino que en el pasado mayo unos 30 cristianos pentecostales fueron detenidos durante reuniones de oración en diferentes lugares de Godeif, al sur de la capital, Asmara. Alrededor del 10 de mayo, agentes de seguridad habrían detenido a unos 141 cristianos, entre ellos 104 mujeres y 14 niños, durante una reunión privada en el distrito Mai Temenai de Asmara. Al parecer, algunos de los detenidos fueron trasladados a la prisión de Adi Abeito, mientras que otros fueron retenidos por la policía. Alrededor de 50 de estos detenidos han sido puestos en libertad desde entonces, y se dice que el resto de las personas siguen en prisión sin cargos.

Kravetz explica la delicada situación en la que se encuentra el país actualmente:

"Estas acciones demuestran que, a pesar de la mejora del clima regional para la paz y la seguridad, la situación de los derechos humanos en Eritrea no ha cambiado. Insto a Eritrea a que cumpla sus compromisos internacionales como miembro del Consejo de Derechos Humanos y permita que las instituciones religiosas actúen libremente y que todos los eritreos ejerzan su derecho a la libertad de religión en el país".