Apenas unas semanas antes de las elecciones, que se celebrarán el próximo 16 de febrero, el presidente Buhari, quien busca un segundo mandato, ha sumido al país en una crisis constitucional desde el viernes 25 de enero, cuando suspendió al presidente del Tribunal Supremo de Nigeria, Walter Nkanu Samuel Onnoghen. Este último se enfrenta a un juicio acusado de no haber declarado sus bienes.

Debido a que es probable que cualquier disputa sobre las elecciones vaya al Tribunal Supremo, Buhari enfrenta críticas por su decisión, y muchos señalan que su acción es ilegal.  El presidente del Senado, Abubakar Bukola Saraki, dijo que Buhari no puede actuar solo en un proceso que involucra a las tres ramas del gobierno. El Colegio de Abogados de Nigeria lo calificó de "intento de golpe contra el poder judicial nigeriano" y ordenó a sus miembros que boicotearan a los tribunales de todo el país los días 29 y 30 de enero en protesta. Por otro lado, Atiku Abubakar, el principal opositor a las elecciones de Buhari, dijo que la suspensión es ilegal y declaró: "Este acto de desesperación está dirigido a afectar el resultado de las elecciones presidenciales de 2019".

Sin embargo, Buhari insistió en que la decisión de suspender a Onnoghen, un cristiano del sur del país, no tenía nada que ver con las elecciones. Dijo que la suspensión continuará hasta que se concluya el caso y que el juez Ibrahim Tanko Muhammed, musulmán del norte, seguirá en funciones. El 30 de enero un tribunal de apelaciones dictaminó que el juicio de Onnoghen en el Tribunal del Código de Conducta puede continuar.

Adedayo Ademuwagun, un analista con sede en Lagos en Songhai Advisory, dijo a Bloomberg. "Si el presidente hubiera seguido ese proceso y se hubiera acercado al Consejo Nacional de la Judicatura para hacer su trabajo como lo está haciendo actualmente, el caso habría sido más transparente, menos político." Ademuwagun explicó que es probable que Muhammad tenga que enfrentarse a preguntas del Consejo de la Judicatura sobre por qué aceptó ser juramentado por Buhari.

Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado repercusiones, incluidas las restricciones de visado, por la interferencia electoral y la violencia relacionada con las elecciones.

"Nosotros, y otras naciones democráticas, prestaremos mucha atención a las acciones de individuos que interfieren en el proceso democrático o instigan la violencia contra la población civil antes, durante o después de las elecciones. No dudaremos en considerar las consecuencias -incluidas las restricciones de visados- para los responsables de la violencia relacionada con las elecciones o de socavar el proceso democrático. Bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, ciertas violaciones también pueden llevar a restricciones en los miembros de la familia," dijo un representante de Estados Unidos.

Mientras, los cristianos ven esta situación con nerviosismo. Las elecciones pueden suponer el inicio del cambio en uno de los países que más violencia ejerce contra los creyentes, pero el clima de tensión que rodea a las mismas pueden terminar repercutiendo negativamente a nuestros hermanos, quienes desean que su país pueda avanzar hacia la libertad y el respeto a los Derechos Humanos.