En su informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional, publicado el pasado mes de mayo, el Departamento de Estado de EE.UU. compartió detalles de algunos de los casos de persecución religiosa y acoso contra las iglesias.

Según el informe, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus grupos alineados de estilo paramilitar, conocidos como colectivos, «interrumpieron las misas y los servicios, atacaron a los feligreses y vandalizaron y destruyeron los bienes de las iglesias» en varios incidentes ocurridos en diferentes partes del país.

El informe documentó un incidente ocurrido en enero del año pasado en una reunión de miembros de un sindicato de maestros que se habían reunido en la Catedral principal de Caracas, la capital del país, para asistir a una misa antes de una protesta contra el presidente Maduro.

«Los colectivos agredieron a los maestros en la iglesia, lanzándoles botellas, orina y heces», dice el informe. «Tanto los profesores como los periodistas que cubrían la protesta informaron de que los colectivos implicados en el ataque estaban dirigidos por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana», añadió el informe.

En otro incidente, en febrero, de nuevo un grupo de estos llamados colectivos atacó un comedor de sopa y una clínica de salud de una organización católica en Los Teques, en el estado de Miranda, a 32 kilómetros al oeste de Caracas. «Los hombres armados y enmascarados que formaban los colectivos amenazaron a los ocupantes, les robaron sus objetos de valor y golpearon tanto a la coordinadora del comedor que tuvo que ser hospitalizada», dice el informe del Departamento de Estado.

Además, el 8 de abril, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al Padre Gerónimo Sifontes, coordinador de Cáritas, una organización no gubernamental católica de ayuda en el estado de Monagas -al este del país-, porque carecía de permiso para celebrar una reunión pública bajo las restricciones de cuarentena del COVID-19.

El medio digital independiente Efecto Cocuyo informó que varios miembros de la parroquia del padre Sifontes, improvisaron un altar frente a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán para marcar el Vía Crucis del Miércoles Santo. El altar incluía una cruz y una bandera venezolana hecha jirones, utilizada como símbolo de la deteriorada situación social y económica del país.

Un vecino alertó a la policía; poco después, un contingente de diez agentes llegó a la iglesia. Al padre Sifontes le pidieron que subiera a una moto con uno de los agentes, pero se negó porque llevaba la sotana. En su lugar, le llevaron en coche a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana.

«La mujer que nos denunció pensó que lo que estábamos haciendo para marcar una fecha importante en el calendario cristiano era un show, un espectáculo», dijo el padre Sifontes a Efecto Cocuyo. «Le dijo a la Guardia Nacional que habíamos colocado un toldo y construido una carroza para encabezar una procesión que reuniría a mucha gente», agregó.

Pero no había planes para una procesión normal, precisamente por las restricciones impuestas por la pandemia. En su lugar, el padre Sifontes condujo su coche por las calles de su parroquia, Las Cocuizas, con una estatua de Jesús con la cruz encima del vehículo. Dijo que permaneció dentro del coche todo el tiempo. Los feligreses denunciaron su detención como ilegal y arbitraria. Fue liberado más tarde ese mismo día, ya que no se formularon formalmente cargos contra él.


Las iglesias no callan

Venezuela se encuentra desde hace tiempo en situación de emergencia humanitaria debido a una larga crisis económica que no ha hecho más que agravarse con la pandemia del COVID-19.

El sistema de salud está destrozado, y los hospitales carecen incluso de los suministros médicos más esenciales. Hay una grave escasez de alimentos y medicinas; el suministro de servicios públicos, como el gas y la electricidad, es irregular, y miles de personas siguen emigrando a la vecina Colombia en busca de una vida mejor.

Los datos epidemiológicos oficiales de 2017 publicados por el entonces ministro de Sanidad (destituido pocos días después por compartir esta información públicamente), mostraban un dramático aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil en un 65 y un 30 por ciento respectivamente en comparación con el año anterior.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que uno de cada tres venezolanos necesita ayuda, ya que se considera que está en situación de inseguridad alimentaria. En los barrios más vulnerables, el 14,4% de los niños menores de cinco años están desnutridos, según un informe publicado el pasado mes de julio por Cáritas, una organización católica de ayuda global que opera en Venezuela.

Tanto los líderes católicos como los evangélicos se han manifestado sobre la dramática situación social y económica del país.

En un documento publicado tras su Asamblea General del pasado mes de enero, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) afirmó que «es evidente cómo se ha deteriorado la calidad de vida en nuestro país, incluyendo la educación, la salud y el acceso a los servicios esenciales; sufrimos los efectos de una inflación galopante, y una devaluación de nuestra moneda que no ha hecho más que empobrecer a la población».

Los obispos fueron más allá en su declaración y criticaron abiertamente al gobierno. «En nuestro país estamos sufriendo las desastrosas consecuencias de un modelo económico impuesto por un régimen comunista que nos ha empobrecido a todos, pero especialmente a los más vulnerables», dijeron los obispos.

El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) también ha compartido su preocupación por la situación que atraviesan los venezolanos, especialmente los que están saliendo del país.

«Estamos viviendo una situación que se asemeja más a una pesadilla que a otra cosa», dijo César Mermejo, director ejecutivo del Consejo Evangélico de Venezuela, en un video publicado en la página web de su organización.

«Es muy doloroso ver a nuestros compatriotas salir del país a pie, cargando sobre sus hombros el peso de sus maletas y mochilas durante kilómetros y kilómetros; pero tal vez sea más inquietante ver a personas de la tercera edad o adultos con enfermedades crónicas embarcarse en el mismo difícil viaje», explicó Mermejo.