En dicha resolución, adoptada el 22 de enero, la Asamblea General lamenta el aumento de ataques a lugares religiosos por parte de milicias y grupos terroristas.

La resolución "condena todas las amenazas de atacar, dañar y destruir centros religiosos" y "denuncia cualquier movimiento para destruir o convertir por la fuerza cualquier lugar religioso".

Los estados miembros también pidieron al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, organizar una conferencia sobre el problema con el propósito de seguir aplicando el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Salvaguarda de Centros Religiosos, lanzado en septiembre de 2019. El plan, elaborado tras los atentados contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, incluye medidas para mejorar la preparación y respuesta ante posibles ataques.

"Cuando se ataca a las personas por su religión o creencias, toda la sociedad se ve disminuida", dijo Guterres en ese momento. "Los lugares de culto de todo el mundo deben ser refugios seguros para la reflexión y la paz, no lugares de derramamiento de sangre y terror".

Un responsable de defensa de Puertas Abiertas dio la bienvenida a este avance: "Los ataques a iglesias, mezquitas, sinagogas y otros lugares religiosos deben ser abordados, condenados y disuadidos, y las Naciones Unidas está dando un paso importante para hacer avanzar su Plan de Acción para la Salvaguarda de los Lugares Religiosos."

No obstante, las investigaciones de Puertas Abiertas han revelado que los derechos de más de 340 millones de cristianos son violados a causa de su fe. "Estas cifras son asombrosas y deberían ser una llamada de atención a la ONU y a sus estados miembros para que se ocupen urgentemente de estas violaciones de derechos", dijo el portavoz. "Se requiere un esfuerzo coordinado para proteger a estas víctimas de crímenes, a menudo atroces, y garantizar que se haga justicia allí donde la dignidad humana ha sido aplastada".