El 19 de enero, las autoridades arrestaron a un pastor y varios miembros de una iglesia tras una redada en la comunidad protestante de la autoproclamada República del Pueblo de Donetsk. Gracias a Dios, los detenidos fueron liberados sin cargos a las pocas horas.

El inicio de la persecución en estos territorios se remonta un par de años atrás cuando en 2018 se aprobó una ley que requería que las comunidades religiosas que no estaban afiliadas al patriarcado de Moscú se registraran de nuevo con el objetivo de poder seguir realizando sus actividades de forma legal. Aunque muchas realizaron la solicitud, la realidad es que solo unas pocas consiguieron completar satisfactoriamente el proceso de registro antes de la fecha límite de marzo de 2019.

“Muchas comunidades religiosas han sido objeto de intimidación por parte de la administración rebelde”, relata Forum 18, un servicio de noticias que investiga la libertad religiosa en el Este de Europa. En diciembre del año pasado, el líder de una iglesia pentecostal que operaba sin permiso de las autoridades en la ciudad de Makeyevka recibió una multa de 3.400 rublos rusos (50€), que equivale al salario de 10 días de un trabajador local.

A parte de las sanciones económicas y los arrestos muchas comunidades cristianas sufren restricción de acceso a servicios básicos como el agua o la electricidad además de prohibiciones a la hora de poseer, adquirir y distribuir cierto tipo de literatura.

Hace 6 años las protestas antigubernamentales dieron como resultado a un levantamiento de ciertos grupos apoyados por Rusia en las provincias de Donetsk y Luhansk. Desde entonces se vive una guerra oculta que ha reducido a cenizas no solo el territorio, sino también las esperanzas de muchos de los habitantes de estas zonas donde los rebeldes han autoproclamado repúblicas independientes.