El pasado 8 de junio Cuba registró su noveno día consecutivo sin ninguna muerte por Covid-19. El gobierno sacó a la luz los datos dejados por la pandemia: 2.200 infecciones y 83 muertes de un total de 11 millones de habitantes. Si bien a priori esto se consideraría un logro para cualquier país occidental, la realidad es que estos resultados se deben al férreo régimen que gobierna el país.

El gobierno ha sido riguroso a la hora de hacer pruebas, seguimiento de contagios y aplicación de la cuarentena, lo que ha facilitado estos resultados tan positivos. Sin embargo, esta pandemia también ha dejado otros datos que son motivo de preocupación, como por ejemplo que un 96% de cubanos han experimentado un incremento en la violación de los derechos humanos durante este período, tal y como cuenta Teo Babun, CEO de “Outreach Aid to the Americas”, una ONG con sede en Estocolmo dedicada a la protección de los derechos civiles.

“Para los cristianos el Covid-19 simplemente ha agravado una situación que de por sí ya era difícil”, cuenta Rossana Ramírez, Analista de la Persecución de la Unidad de Investigación de Puertas Abiertas. “Hace unos meses las iglesias en Cuba eran destruidas sin ninguna base legal y los cristianos que criticaban el partido del gobierno sufrían acoso y sanciones. Estas medidas por parte del gobierno tienen como objetivo intimidar y subyugar las voces de los cristianos y prevenir que el Evangelio se extienda entre la población”, nos cuenta Ramírez.

Yeo Suárez, un periodista cubano evangélico independiente que provee contenido relacionado con los derechos humanos y la libertad religiosa a diversos medios internacionales, fue citado el pasado marzo por los agentes de seguridad del estado, los cuales lo acusaron de “disidencia” y de “divulgar propaganda enemiga”. Finalmente le impusieron una sanción permanente que le impide abandonar el país. Además sufrido opresión y acoso en multitud de ocasiones durante el confinamiento, incluyendo amenazas a su familia.

Otros desafíos

Los líderes de iglesias se enfrentan a otros desafíos. Durante el confinamiento las iglesias han intentado organizar reuniones online, estudios bíblicos y cuidado pastoral a distancia, pero el coste tan alto del internet en la isla ha provocado uno gastos inasumibles para algunos.

También existe preocupación por los cristianos que se encuentran en prisión o están bajo arresto domiciliario. En abril de 2019, el Pastor Ramón Rigal y su esposa, Ayda Expósito, recibieron sentencias de prisión por realizar “Homeschooling” (enseñar en casa en vez de en la escuela) con sus hijos. Mientras Ayda fue liberada 14 días antes de cumplir su sentencia de un año de prisión, Ramón aún se encuentra encarcelado cumpliendo el tiempo restante de su condena de dos años.