La pasada semana informábamos que el matrimonio formado por Sam Khosravi y Maryam Falahi había perdido la custodia de su hija por haber sido vistos participando de un servicio religioso cristiano. Sin embargo, para muchos, creyentes y no creyentes, esta decisión no obedece a la justicia ni es conforme a la legalidad vigente en el país.

En este sentido, ciento veinte abogados y activistas han escrito una carta abierta al jefe de la judicatura de Irán, pidiéndole que revoque la decisión del Tribunal de separar a esta niña de dos años de sus padres adoptivos por el hecho de ser cristianos conversos.

La apelación de Sam Khosravi y su esposa Maryam Falahi contra el fallo, emitido en julio, fue rechazada el mes pasado, a pesar de que el juez, en su fallo inicial, reconoció que su hija, Lydia, sentía un "intenso apego emocional" hacia ellos. El juez también dijo que había "cero posibilidades" de que se encontrara otra familia adoptiva para Lydia, dados sus problemas de salud crónicos.

Ahora, en una carta publicada por las agencias de noticias Borna y Ensaf, con sede en Irán, los firmantes han pedido al jefe del poder judicial, Ebrahim Raisi, que anule el veredicto, que según ellos va en contra de la legislación nacional e internacional.

Como firmante de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Irán está obligado, en primer lugar, a tener en cuenta el bienestar del niño. Además, la propia constitución de Irán no hace referencia a la religión de una persona cuando indica quién puede adoptar un niño.

"La constitución, normativa superior, en su artículo 19 habla explícitamente de la igualdad de todos los ciudadanos y nacionales iraníes, independientemente de su raza, idioma, religión, etc., de tal manera que pertenecer a una religión en particular nunca puede ser fuente de superioridad o discriminación", escriben.

"En particular, en lo que respecta al cuidado y la protección de los niños maltratados o no acompañados, la Constitución sólo presta atención a los aspectos humanos y morales, lo que significa que cualquier ciudadano iraní, independientemente de su religión, puede solicitar la custodia de un niño".

"En ninguna parte de estas leyes o reglamentos se menciona la religión del solicitante, sino que, en primer lugar, ser ciudadano iraní y de buen carácter moral es el criterio de elegibilidad", añaden.

Señalan que Sam y Maryam son ciudadanos "bien respetados" y "honorables", que han sido considerados de buen carácter moral en su ciudad y también por la organización de bienestar del Estado que inicialmente les concedió la custodia de Lydia.

En un intento posterior de quitarles la custodia de Lydia, dicha organización actuó "ilegalmente", escriben los firmantes, sin tener en cuenta la grave enfermedad cardíaca de Lydia y el "amor y afecto entre la niña y sus padres".

"El deber del poder judicial es apoyar y realizar los derechos individuales de los ciudadanos iraníes y establecer la justicia judicial", concluyen los firmantes, pidiendo al Sr. Raisi que "emita una orden apropiada para detener la ejecución de esta sentencia, y que tome una decisión adecuada para anular cualquier sentencia futura de este tipo, que sea contraria a la ley y a la Sharia".

Con ello, dicen que el estado "demostrará la importancia de la justicia judicial en Irán y la realización de los derechos individuales y la protección de los niños en la sociedad por parte del poder judicial".