El gobierno interino de Sudán, establecido tras el derrocamiento del ex presidente Omar al-Bashir en abril de 2019, ha tratado de poner fin a una serie de conflictos internos que involucran a una variedad de grupos rebeldes.

En septiembre firmó un acuerdo de paz con algunos de los grupos rebeldes y acordó eliminar la disposición constitucional de una religión estatal, que es el Islam. Sin embargo, el grupo SPLM-N en las montañas predominantemente cristianas Nuba de Sudán en el estado de Kordofan del Sur quería ir más allá. Querían que se aboliera la ley Sharia y que Sudán se convirtiera en un estado laico y democrático.


'Mucho trabajo'

El gobierno de transición ha mostrado la intención de abordar las violaciones de la libertad religiosa del régimen anterior y ha querido llevar la democracia al nivel local. Estos objetivos son encomiables, pero “queda mucho trabajo por hacer en Sudán para garantizar que la libertad religiosa no solo esté garantizada por la constitución, sino que los gobiernos locales y los ciudadanos la respeten en la práctica”, dijo Jo Newhouse, portavoz de Puertas Abiertas en Africa Sub-sahariana.

La Iglesia continúa enfrentando desafíos, dijo. En febrero, un líder juvenil cristiano en el estado de Gezira, centro-este de Sudán, fue arrestado e interrogado por funcionarios de seguridad que le advirtieron que no iniciara una nueva iglesia, diciendo que el cristianismo es malo.

Osama Saeed Musa Kodi también había estado apoyando activamente los intentos de reconstruir una iglesia en Tamboul, estado de Gezira, que fue destruida en un incendio provocado en enero.

El arzobispo Michael Didi de Jartum dijo al sitio de noticias católico International La-Croix que el registro de iglesias sigue siendo problemático y que los cristianos continúan sufriendo discriminación en la educación.

"Las minorías participaron en la revolución, dieron la bienvenida al nuevo gobierno con entusiasmo y escucharon al ministro de asuntos religiosos pronunciar excelentes discursos. Pero, sinceramente, nada ha cambiado para fortalecer sus derechos", dijo Elshareef Ali Mohammed, abogado de la ONG Sudanese Human Rights.

El abogado ayudó a que la mujer cristiana sudanesa Mariam Ibrahim fuera liberada en 2014 tras haber sido condenada a muerte por presunta apostasía. Aunque la pena de muerte fue abolida en julio, "la ley penal sigue basada en la Sharia, lo que pone a los cristianos en desventaja en los tribunales", dijo Mohammed.

Newhouse dijo que entre los problemas que aún deben abordarse se encuentran la derogación de las leyes de blasfemia y decencia pública, así como los problemas relacionados con el registro y la edificación de iglesias, y propiedades confiscadas de iglesias. "También es necesaria una medida para permitir la representación de grupos religiosos minoritarios en el Ministerio de Dotaciones Religiosas con delegados que ellos mismos han elegido", dijo.