La agencia de noticias de Puertas Abiertas, World Watch Monitor, ha resumido algunos de los casos actuales que ponen en evidencia la persecución que están viviendo los cristianos en determinadas regiones de México. Aquí os dejamos algunos:


LUGAR: Gabriel Leyva Velázquez, Chiapas

¿Qué ocurrió?

El 4 de enero, nueve familias (33 personas en total), que pertenecían a la Iglesia Renovación en Cristo fueron echados de sus casas por ciudadanos que llevaban consigo varas, machetes y pistolas. Sus casas fueron destruidas y la entrada al pueblo vigilada por guardias para impedir su regreso.

¿Por qué?

En abril de 2014, un hijo del pastor fue acusado de homicidio. Según Herrera, “la comunidad empezó a protestar y pedir al ministro cristiano que no volviesen al pueblo, aun y cuando el joven fue detenido y está cumpliendo condena en la cárcel”.  

Personas locales pidieron a las nueve familias que pararan de asistir a la iglesia y abandonasen el pueblo.

¿Qué está pasando ahora?

“Hicimos todo lo que pudimos para evitarlo”, dijo la representante gubernamental Antonieta Suárez Ruiz.  Las familias siguen viviendo fuera de su pueblo. Huyeron a las montañas, caminando por más de seis horas hasta llegar a la ciudad de Las Margaritas, donde se les proveyó de comida y refugio.

Según palabras de Herrera: “La violación constante de derechos humanos y la falta de garantías en Chiapas para la libertad de religión es un asunto del día a día y los funcionarios de estado solo toman la posición política que favorece a la mayoría, incluso cuando se están violando un sinnúmero de los derechos humanos de las minorías religiosas”.


LUGAR: La Piedad, Chiapas

¿Qué ocurrió?

También en abril, 26 familias abandonaron sus hogares en el pueblo de La Piedad después de que las autoridades cortasen sus suministros de agua y electricidad y les impidió la recogida de leña.

¿Por qué?

Las familias rechazaron contribuir con 30-50 pesos (1-2€) a las festividades locales.

¿Qué está pasando ahora?

Un portavoz de las familias, Genaro Jiménez López, dice que las autoridades han pedido que vuelvan a la iglesia local y paguen 5.000 pesos (240€) por familia para que puedan devolverles el agua y la luz.

“La comunidad no nos expulsó, pero desde que no tenemos agua ni podemos recolectar leña, 130 personas nos hemos mudado a la ciudad de Comitán, donde permanecemos como refugiados internos”, explica Genaro.

Mientras tanto, las pertenencias que dejaron fueron sacadas de sus pueblos y apiladas enfrente del ayuntamiento en Las Margaritas.


LUGAR: Sierra de Zongolica, Veracruz

¿Qué ocurrió?

El 16 de marzo, protestantes de los pueblos de Mixtla de Altamirano, San Juan de Texhuacan y Astacinga se quejaron de que se les estaba impidiendo usar lugares de entierro que pertenecen a iglesias “tradicionales”.

¿Por qué?

El portavoz Miguel Ángel Hernández declaró a la agencia Quadratín: “Apelamos a la libertad de expresión y religión. Nuestro trabajo es hacer que las autoridades nos respeten y respeten nuestros derechos como ciudadanos”

¿Qué está pasando ahora?

Según Hernández, han pedido la intervención de las autoridades locales para ayudarles a encontrar un nuevo lugar para los entierros. El caso llegó al departamento de Asuntos Religiosos del Gobierno estatal, el cual medió en el acuerdo para establecer un espacio a los protestantes en el cementerio local.

Nohemi Márquez Escudero, consejera legal del departamento de Asuntos Religiosos del Estado de Veracruz, declaró que ahora es la responsabilidad del Ayuntamiento de Sierra de Zongolica el asegurar que la situación no se repita y que las autoridades locales provean terreno a los protestantes para que puedan enterrar a sus muertos.


LUGAR: Teopisca, Chiapas

¿Qué ocurrió?

En abril, en el barrio de San José en Teopisca, cinco familias rechazaron contribuir con 200 pesos (10€) a las festividades religiosas del pueblo. Las autoridades locales cortaron su suministro de agua y les obligaron a pagar 4.000 pesos (190€) cada familia para recuperarlo. Otras 80 familias protestantes que avisaron que tampoco iban a contribuir acabaron pagando al ser amenazados con la misma medida.

El 7 de mayo, otras 15 familias vieron cortadas su suministro de agua después de haber rellenado una reclamación contra las autoridades en un juzgado local.

En septiembre de 2015, en la comunidad de San Isidro de Chijisté, también en Teopisca, varias familias protestantes vieron cortadas también su suministro de agua y electricidad después de haberse negado a pagar las festividades locales.

¿Por qué?

Luís Herrera declaró a World Watch Monitor que las autoridades locales le dijeron que “todo terminaría antes si simplemente pagasen las cuotas”.

¿Qué está pasando ahora?

Las familias de San Isidro aún están esperando a que la situación se resuelva. El 25 de abril tuvo lugar una reunión en el ayuntamiento de Teopisca. “No hubo resultados, desafortunadamente”, explicó Herrera, y añadió que García Mendoza, subsecretario de Asuntos Religiosos, “manipuló” la información publicada en los medios locales para hacer creer a la gente que las 80 familias les fallaron al no atender la reunión, cuando en realidad sí lo hicieron.


LUGAR: Tuxpan de Bolaños, Jalisco

¿Qué ocurrió?

10 familias (30 personas en total) de la etnia indígena Huichol fueron expulsadas de la aldea el 26 de enero

¿Por qué?

Habían sido amenazadas de expulsión durante años. En 2008, la Convención Bautista de Guadalajara, con ayuda de la Convención Bautista de los Estados Unidos, lucharon con éxito por el derecho legal de las familias de permanecer en la aldea, pero el consejo municipal decidió más tarde que debían abandonarla.

Los “huichols” disfrutan de cierto grado de autonomía respecto al gobierno mexicano. Sus tierras son de propiedad comunitaria, heredadas de padres a hijos. Las tradiciones de los “huichol” se centran en sus creencias religiosas y costumbres, las cuales no siempre son grabadas por escrito. “Esto hace que sean fáciles de manipular”, dijo su representante legal, Isaí Torres Navarro, y añadió: “Existe un documento, pero (sus tradiciones) están generalmente extendidas por vía oral, lo que hace que se pueda interpretar a conveniencia propia. Esa es la razón por la que la Comisión de Estado de Derechos Humanos pidió a la autoridad Huichol escribir sus tradiciones para beneficio de su gente”.

¿Qué está pasando ahora?

Aún se espera una resolución. Mientras tanto, viven en casas temporales en la municipalidad de Bolaños. Se han producido varias reuniones en la capital del estado, Guadalajara, pero las autoridades locales nunca han atendido. Reclamaron que 1.963 miembros de la comunidad habían votado por el desplazo de los cristianos, pero no hay evidencias de ello.

“Creemos que esta decisión fue tomada por un pequeño grupo que no tuvo en cuenta los intereses de la mayoría. Estamos hablando de la violación de los derechos humanos de estas personas. Para aquellas familias que serán expulsadas debe haber al menos un acuerdo en asamblea. Es por ello que es necesario encontrar el documento en el que la expulsión se ratifique, así como el hecho de que la decisión se toma porque no comparten sus creencias”.

Humberto Bayón Moreno, antiguo representante de Puertas Abiertas en México, que ahora trabaja como formador de misioneros, dijo: “Algo debe hacerse antes de que empiecen a desplazar a cualquier persona que no comparta las mismas visiones de la comunidad”.


LUGAR: Mariano Matamoros, Chiapas

¿Qué ocurrió?

Las autoridades de Mariano Matamoros quieren que hasta cien protestantes evangélicos (un tercio de ellos niños), abandonen el pueblo por no contribuir a las festividades locales.

¿Por qué?

Los protestantes han experimentado problemas desde 2009 cuando se les impidió enterrar a un niño en cementerio municipal dado que habían abandonado a la iglesia “tradicional”.

“Tuvieron que llevar el cuerpo a una localidad vecina”, explicó Luís Herrera, el director de la Coordinación de Organizaciones Cristianas en Chiapas. “Desafortunadamente, las medidas que se toman contra las familias no católicas son cada vez más frecuentes. Los cortes de agua y sistemas de alcantarillado, la confiscación ilegal de propiedades, la violencia física y la negación de servicios de salud hacen imposible que estas familias puedan vivir vidas normales. Hace tres años les fueron confiscadas sus tierras donde plantaban maíz, café, frutas y árboles. Incluso llegaron al punto en que las autoridades emitieron un decreto que prohíbe las transacciones de dinero con protestantes. Aquellos que vendan o compren con protestantes se les multa con 5.000 pesos (250€)”, comentó.

¿Qué está pasando ahora?

Las familias han enviado una nota de prensa para denunciar su situación y que fue sacada a la luz por algunos medios locales y organizaciones cristianas. Continúan viviendo en la comunidad, pero han sido amenazadas con ser desalojadas y con destruir sus hogares. También se les ha impedido el acceso a la educación, la sanidad y otros beneficios gubernamentales.

El 18 de abril, el Consejo de Estado de Iglesias Evangélicas en Chiapas propuso una reunión con miembros de las familias afectadas, las autoridades locales y representantes del Gobierno.

Los funcionarios de todos los niveles gubernamentales de México han mirado a otro lado a la hora de tratar con los ataques religiosos que violan claramente la ley mexicana y los derechos humanos internacionales”, dice Isaac Seis, director de Asuntos Jurídicos de International Christian Concern. “Este incidente de Chiapas es emblemático ya que es parte de una noción generalizada de intolerancia religiosa que ahoga la vida de las comunidades rurales a lo largo y ancho de México. ICC ha pedido a las Autoridades Federales de México que tomen acciones inmediatas para ayudar a las víctimas de Mariano Matamoros. Asimismo, la comunidad internacional ha pedido a México la captura de los responsables de las violaciones de derechos humanos. Ningún hombre, mujer o niño debería verse forzado a acostarse sin haber comido debido a sus creencias religiosas”.