Aunque los informes sugieren que su liberación podría estar relacionada con la situación generada por el Covid-19, nuestras fuentes no han podido confirmarlo.

Estos 27 cristianos, pertenecientes a diferentes iglesias evangélicas, habían sido detenidos sin juicio entre cuatro y 16 años. 

Es casi imposible saber cuántos prisioneros hay en Eritrea por sus creencias religiosas. No hay estadísticas oficiales y los prisioneros nunca son acusados. Según fuentes locales, hay cientos de prisioneros de larga duración por sus creencias, y miles son detenidos en oleadas por períodos más cortos.

"El ciclo de detención y liberación no es nada nuevo", dijo un portavoz de Puertas Abiertas sobre la liberación de estas personas. "Pero lo que lo hace inusual es el hecho de que los liberados han estado dentro por bastante tiempo." No hubo líderes de la iglesia entre los 27 que fueron liberados.

La libertad de los cristianos llegó sólo después de haber firmado un documento. "Se nos ha dicho que los liberados fueron obligados a firmar algún tipo de declaración que suele incluir la promesa de cesar las actividades religiosas", dijo el portavoz. Su liberación también estaba condicionada a la entrega de títulos de propiedad.

Al ser liberados, la mayoría de los cristianos fueron enviados de vuelta al servicio nacional, según informaron fuentes locales. El servicio nacional de Eritrea es obligatorio para todos los ciudadanos. Las personas sirven en el ejército u otros deberes nacionales indefinidamente, a menudo en condiciones inhumanas, sin un salario suficiente como para cubrir los gastos básicos de vida o mantener a la familia. Es una de las principales razones por las que los eritreos huyen de su país.

Durante años, Eritrea ha sido incluida entre los 10 países en los que la vida es más difícil para un cristiano, según la clasificación de la Lista Mundial de la Persecución. Una ley de 2002 sólo permite las iglesias ortodoxa, católica y evangélica luterana, lo que significa que las demás denominaciones no pueden practicar el culto ni actuar abiertamente.

El gobierno del país ha negado que esté privando a sus ciudadanos del acceso a los derechos humanos básicos, entre los que se incluye la libertad religiosa. En una respuesta al informe del Relator Especial de la ONU en julio, Eritrea dijo que "los bloques de poder exclusivos siguen socavando los principios fundamentales de la ley y la justicia para promover sus estrechos intereses políticos".